El Parlamento de Galicia aprobó el pasado 16 de diciembre la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, iniciativa promovida por el Partido Popular (PP) y pendiente de publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para su entrada en vigor dentro de dos meses. La normativa amplía las restricciones sobre bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, cannabis, tabaco y dispositivos de liberación de nicotina, como los cigarrillos electrónicos y vapeadores, equiparando su regulación con la del tabaco tradicional.
Multas y categorías de infracciones
El texto legal clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, estableciendo un amplio rango de sanciones económicas. Las leves oscilan entre 200 y 3.005 euros, las graves de 3.005 a 15.025 euros y las muy graves desde 15.025 hasta 601.012 euros. Reincidencias en un plazo determinado elevan automáticamente la gravedad de las faltas, lo que amplía la carga económica sobre quienes vulneren la normativa en más de una ocasión. Entre las conductas consideradas leves se encuentran la posesión o consumo por menores de bebidas alcohólicas, energéticas, tabaco o productos relacionados, así como la presencia de menores de 16 años en locales de hostelería sin acompañamiento adulto. Las infracciones graves incluyen la venta de estas sustancias a menores y el consumo grupal en espacios públicos —el llamado “botellón”— mientras que la promoción del cannabis a menores o la distribución de merchandising asociado se considera también grave.
Críticas desde el Consejo Económico y Social
Previo a su aprobación, el anteproyecto de ley fue sometido al Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de la Xunta, que emitió un informe crítico sobre la norma. Entre las observaciones principales se señalaba la “desproporción de las sanciones”, especialmente en infracciones como el botellón, y el enfoque punitivo predominante que, según el CES, podría estigmatizar conductas que no siempre implican adicción. Además, advertía sobre la “insuficiencia de medidas preventivas” y la necesidad de reforzar la educación y la intervención temprana en la salud de los menores, particularmente en áreas como pediatría de atención primaria y unidades de salud mental infanto-juvenil.
El CES también subrayó la problemática de delegar en los ayuntamientos competencias de prevención sin acompañarlas de recursos técnicos, humanos o económicos, señalando que “la Xunta invita y el resto paga”. De la misma manera, advirtió sobre la falta de concreción en protocolos y medidas de aplicación, así como sobre la inseguridad jurídica que puede generar la regulación del cannabis y bebidas energéticas en relación con la publicidad y colocación en comercios.
Posturas de la oposición
Los partidos de oposición, incluyendo BNG, PSdeG-PSOE y Democracia Ourensana, criticaron la celeridad en la tramitación de la ley y la escasa atención a las recomendaciones recibidas. Señalan que el texto prioriza las sanciones sobre la prevención educativa, y cuestionan la coherencia de permitir el consumo en terrazas mientras se prohíbe en espacios públicos abiertos, apuntando a la existencia de barreras arbitrarias entre lo permitido y lo prohibido. Además, advierten sobre la dificultad práctica de implementar las inspecciones en municipios carentes de Policía Local y sobre la falta de integración de factores socioeconómicos que contribuyen a las conductas adictivas, como pobreza o desempleo.
Prevención y salud pública
La ley introduce algunas novedades en materia de prevención, pero la concreción de estas medidas sigue siendo limitada. Se prevé que los municipios y entidades sin ánimo de lucro ejecuten campañas educativas y de sensibilización, pero el diseño y coordinación centralizada desde la Administración autonómica podrían ofrecer mayor eficacia. Especialistas en salud pública advierten que, para que la normativa cumpla con sus objetivos de protección de menores, será necesario acompañarla de recursos suficientes y de estrategias educativas robustas que incluyan la participación de profesionales especializados.
Contexto nacional y regional
Galicia se convierte en una de las primeras comunidades autónomas en equiparar legalmente el vapeo al tabaco y en prohibir la venta y consumo de bebidas energéticas a menores en espacios públicos. Sin embargo, otras comunidades, como Asturias, han presentado proyectos similares, y a nivel estatal se tramitan leyes de prevención del consumo de alcohol y tabaco en menores. Esto sitúa a la nueva normativa gallega en un contexto de competencia normativa y urgencia política, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de visibilidad más que de desarrollo integral de políticas de prevención.
Conclusión
La Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas representa un paso hacia la regulación del consumo de sustancias y productos con potencial adictivo entre jóvenes. No obstante, la efectividad de la norma dependerá en gran medida de su implementación, del acompañamiento de recursos preventivos y educativos, y de la coordinación entre administraciones. Los debates en torno a su proporcionalidad, enfoque punitivo y ausencia de concreción preventiva sugieren que su impacto real sobre la salud pública aún está por evaluarse.
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