Contexto y puntos clave
El foco del conflicto se sitúa en la Campiña Norte de Jaén (Lopera, Arjona, Marmolejo) y se ha extendido a Andújar. Allí se proyectan varias megaplantas fotovoltaicas y sus líneas de evacuación. Parte de los propietarios han firmado arrendamientos o derechos de superficie; otros se niegan y han recibido expedientes expropiatorios al haberse declarado la utilidad pública.
La presión social ha sido constante: tractoradas en Lopera, concentraciones y manifestaciones, y una petición admitida en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre macroplantas en terreno agrícola productivo.
Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Andújar ha abierto diligencias previas tras denuncia de la plataforma Campiña Norte contra la Junta de Andalucía y promotoras (Greenalia y FRV Arroyadas), por presuntos delitos ambientales y de ordenación. Es un procedimiento en fase inicial.
El número de olivos afectados: hechos, estimaciones y dudas
En redes circuló la cifra de “100.000 olivos”. La prensa y los verificadores han explicado que no consta en documentos oficiales y procede de estimaciones (hectáreas afectadas x densidad de marcos de plantación).
La Junta y Greenalia niegan esa magnitud; El País cita 36.022 árboles (con 13.000 talas por expropiación) y 86% del suelo arrendado voluntariamente para una parte del paquete de proyectos. Conclusión: hay olivos que se arrancan, pero la cifra total exacta depende de cada expediente y fase.
¿Por qué se puede expropiar?
El andamiaje jurídico es claro:
- Ley de Expropiación Forzosa (ocupación urgente, art. 52) y Reglamento.
- Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y RD 1955/2000 (autorizaciones eléctricas), que permiten la DUP para instalaciones y lÍneas de evacuación, abriendo la puerta a expropiaciones si no hay acuerdo.
Además, el marco autonómico (Ley andaluza LISTA y desarrollos) ha agilizado la tramitación de renovables en suelo rústico, acelerando la implantación y tensando la convivencia con usos agrarios tradicionales.
La protesta ciudadana y su narrativa
Vecinos y agricultores denuncian “chantaje” entre alquilar o aceptar la expropiación, al considerar que ninguna les garantiza mantener su modo de vida (manejo anual del olivar, empleo estacional, transmisión patrimonial). En SER Andújar y otros medios se recogen testimonios sobre citaciones de expropiación y sensación de indefensión ante trámites técnicos y plazos administrativos. También hubo tractoradas y actos en Sevilla y Bruselas.
La transición energética no puede permitirse erosionar sin cortafuegos la cultura productiva del olivar tradicional. Si la DUP se aplica de forma expansiva sin priorizar alternativas de trazado (viarios, cauces de dominio público, corredores ya antropizados) ni ventanillas de asesoría jurídica gratuita para pequeños propietarios, el coste social supera lo razonable. Hacen falta evaluaciones de alternativas de emplazamiento transparentes y comparables, con compensaciones ligadas a valor productivo y servicios ecosistémicos del olivar, no solo al valor del suelo.
Implicaciones ambientales y paisajísticas
El olivar tradicional presta servicios ecosistémicos (control de erosión, refugio de fauna, conectividad) que no son triviales. La literatura y ONG especializadas advierten que el manejo intensivo y la eliminación de cubiertas reduce biodiversidad; grandes superficies valladas o selladas fragmentan el territorio si no se diseñan corredores y pasos de fauna. Existen medidas de mitigación, pero deben exigirse y auditarse.
Economía local vs. transición energética
El sector primario sostiene el empleo de temporada, la red de almazaras y cooperativas y el comercio local. La propuesta de “sustituir verde natural por ‘energía verde’” sin planificación fina puede vaciar tejido productivo y servicios rurales.
Al mismo tiempo, las promotoras alegan inversión, ingresos fiscales y alquileres; según El País, en parte de los proyectos la mayoría de fincas se habrían arrendado voluntariamente, lo que refleja una realidad mixta: hay quien ve oportunidad y quien ve pérdida irreparable.
Comercio exterior de aceite: datos recientes para entender los miedos
Tras las cosechas cortas y precios récord de 2023–2024, el mercado se abrió a importaciones puntuales para cubrir demanda. Los boletines oficiales muestran que Portugal fue el principal origen del aceite importado por España en 2024, seguido de Túnez; Marruecos tuvo peso menor (en torno a 1–2% según periodos analizados por verificadores). En paralelo, España mantuvo un fuerte pulso exportador cuando hubo disponibilidad. Mapa del Ministerio de Agricultura
- Precios: tras picos históricos, los precios en origen han corregido a la baja en 2025, con volatilidad que erosiona la rentabilidad, según MAPA y organizaciones agrarias.
¿Dónde falla la defensa de los afectados?
Asimetría informativa y jurídica. Muchos pequeños propietarios se enfrentan a una burocracia compleja y a plazos de alegaciones difíciles de cumplir sin apoyo, mientras las empresas manejan equipos técnicos y legales. Falta un servicio público sistemático de mediación/defensa para titulares afectados por DUP.
Planificación territorial fina. Andalucía ha agilizado la implantación de renovables, pero la localización sobre suelo agrícola de alto valor genera conflicto. Falta una jerarquía clara: primero cubiertas, polígonos, suelos degradados, canteras y bordes de infraestructuras; después, si no hay alternativa, agrario productivo, con compensaciones reforzadas.
Medición del daño: las tasaciones hoy priorizan el valor del suelo; deberían internalizar el valor productivo del olivar (rentas futuras, patrimonial y servicios ecosistémicos).
Transparencia en cifras: el baile de números (olivos “talados”, “arrendados”, “replantados”) debe resolverse con tablas oficiales proyecto a proyecto (árboles, hectáreas, contratos, derribos, reubicaciones), auditadas y actualizadas. Hoy no existe un repositorio único y eso degrada el debate.
Qué soluciones existen
Zonificación inteligente: priorizar suelos ya antropizados y tejados; repotenciar y hibridar en emplazamientos existentes; condicionar autorizaciones a informes de alternativas de localización.
Corredores agro–fotovoltaicos: integrar agrovoltaica en parcelas donde sea viable, preservando marcos de plantación y mosaicos de hábitat (con pasos de fauna, cubiertas vegetales y rotaciones).
Defensa y mediación pública: oficina autonómica para afectados por DUP con abogacía pública y peritos; tasación reforzada que compute renta agrícola y servicios ecosistémicos; beneficios fiscales locales ligados a proyectos que mantengan empleo agrario.
Transparencia y auditoría: publicar, por proyecto, olivos afectados (talados/trasladados), hectáreas, contratos voluntarios y expropiaciones, y seguimiento ambiental con datos abiertos.
La transición energética es necesaria, pero no puede pasar por encima del olivar tradicional como si fuera un vacío. En Jaén y la Campiña Norte se están tomando decisiones estructurales que marcarán generaciones. Sin transparencia, mediación y buena planificación, el coste social será demasiado alto para el mundo rural, que no es un decorado, sino economía real, patrimonio y paisaje.
